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Conjunto Histórico Artístico.
A finales del siglo XV, Beniel se convierte en punto de disputa de agricultores y ganaderos. Los primeros pretendían amojonar las tierras, hasta entonces marjales y dehesas y ponerlas en cultivo; los segundos, representantes de las oligarquías y de la nobleza murciana, de base económica ganadera, se oponían a la restricción de los pastizales frente a la necesidad de extender los cultivos, como consecuencia de la presión demográfica derivada de la reconquista. El pleito, planteado ante los Reyes Católicos, no favoreció a los agricultores y las tierras en litigio fueron adquiridas por el caballero murciano Gil Rodríguez de Junterón, quién fundó vínculo y mayorazgo, quedando la familia Junterón vinculada al proceso histórico del municipio, que en virtud de herencias fue creciendo, aunque continuaba siendo un lugar inhóspito de aguas estancadas que imposibilitaría a los colonos cumplir con sus obligaciones de censos enfitéuticos contraídos con la familia Junterón; de esta manera, en el censo de 1587 sólo se registraron 18 vecinos. En los primeros años del siglo XVII Felipe II concedió a la familia jurisdicción civil y criminal, quedando separada de la jurisdicción de Murcia, lo que permitió atraer a nuevos colonos. El gran impulso llegó de la mano de Gil Francisco de Junterón, quién de acuerdo con la marquesa de Rafal reabrió el azarbe mayor de Cinco Alquerías, lo que permitió regar amplios espacios hasta entonces inservibles para el cultivo; ello produjo un incremento demográfico de la zona, si bien las continuas riadas fueron un obstáculo considerable para el desarrollo de la comunidad. Por Real Cédula de 9 de Septiembre de 1709, a petición de Gil Francisco de Molina y Junterón, señor de Beniel y regidor perpetuo del Consejo murciano, y a instancias del cardenal Belluga, le fue concedido marquesado de Beniel, iniciando una ardua labor de desecación que culminó positivamente, lo que aumentó la población a más de un millar de habitantes que vivía de la agricultura y del negocio de la seda. La pujanza de las tierras del marquesado impulsó al segundo marqués, en 1725, a demandar a los colonos, declarando nulos los contratos de censos enfitéuticos, consiguiendo que la sentencia le fuera favorable en noviembre de 1730 y ratificada en 1751 por Real Decreto se le confirmó al marqués "la jurisdicción civil y criminal con mero y mixto imperio". El siglo XVIII será un momento de incremento en las variables, doblándose la población que en 1768 se cifraba en 2.344 habitantes. Será a lo largo de esta centuria cuando se inicie un retroceso, y en agosto de 1812, las Cortes de Cádiz abolieron el señorío de los Molina-Junterones, permitiendo el acceso a la propiedad de arrendatarios y colonos. Vilar y Arnaldos han señalado las causas de este largo proceso de estancamiento: la concentración de las mejores fincas en pocas manos, la grave crisis del sector sedero, la insuficiencia de capitales para potenciar una agricultura moderna, la convivencia del minifundio con la gran propiedad explotada a base de su parcelación convencional entre grupos de arrendatarios, así como las epidemias, inundaciones y sequías. Asimismo, coadyuvaron a este estancamiento los efectos de la guerra de la Independencia, los enfrentamientos entre absolutistas y liberales, las correrías de las partidas carlistas y los sucesos del Sexenio Democrático. Como consecuencia de este retroceso se disparó la corriente emigratoria hacia las cuencas mineras de Almagrere, Cartagena y hacia Argelia. La despoblación ocasionó problemas financieros al municipio que imposibilitaba su permanencia como entidad municipal autónoma. Fracasada la anexión de Zeneta y Alquerías, se solicitó la extinción del Ayuntamiento y su incorporación al término capitalino, solicitud ratificada en 1877, si bien Murcia solamente accedía a la anexión siempre y cuando el municipio de Beniel liquidase todas sus deudas con la hacienda pública y con todos sus acreedores. Nuevos intentos se produjeron en 1884 y en 1886, e incluso se obtuvo el informe favorable del Consejo de Estado y la aprobación de la regente, pero contando siempre con la oposición del consistorio murciano que reiteraba una y otra vez sus argumentos económicos en contra.
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